RESPONSABILIDAD DE COLOMBIA EN CASOS DE VIOLENCIA DE GÉNERO: ESTUDIO DE SENTENCIAS DE LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS

Resumen

A lo largo de la historia en el mundo la mujer ha sido foco principal de discriminación y de violencia. Sin duda, este ha sido un flagelo difícil de superar considerando que aun las sociedades modernas son machistas. A pesar de las dificultades, los logros para remediar la violencia contra la mujer han sido muchos, los Estados han reconocido que las mujeres son sujetos de derechos y tienen absoluta capacidad para contraer obligaciones. Bajo esta perspectiva se han creado instrumentos jurídicos e instituciones sin ánimo de lucro que velan por la protección de la mujer a fin de contrarrestar los efectos y consecuencias de la violencia. Los Estados tienen la obligación de proscribir todo acto que menoscabe los derechos de la mujer en sus territorios, así también deben garantizarles medidas judiciales idóneas, protección, asesoramiento e información sobre sus derechos y los pasos a seguir para denunciar a los responsables. Ahora bien, en un contexto social como el colombiano, la violencia ejercida en el marco del conflicto armado interno en sus distintas manifestaciones, ha afectado de manera diferenciada y agudizada a las mujeres. A causa de su condición de género, la mujer ha sido fuertemente golpeada por la violencia en Colombia, observándose que el conflicto armado interno es una de las causas principales de esta problemática. En ese contexto, las mujeres deben soportar la carga de asumir riesgos y vulnerabilidades mayores, pues, la violencia, explotación o abuso sexual son aspectos que degradan continuamente sus derechos fundamentales y comprometen la responsabilidad de los Estados a nivel internacional, cuando estos han suscrito normas de protección de los derechos humanos y deliberadamente las incumplen. En el marco del sistema interamericano de promoción y protección de los derechos humanos, la Corte Interamericana de Derechos Humanos funge como máximo tribunal competente para dirimir los conflictos originados por graves violaciones a los derechos humanos imputados a un Estado parte de la organización de los Estados americanos. Dentro de su amplia esfera y conocimiento en materia de derechos humanos, este tribunal internacional ha sido garante de los derechos de la mujer en contextos de violencia generalizada, así casos como el de María Da Penha vs. Brasil, González y otras (“Campo Algodonero”) vs. México y Loayza Tamayo vs. Perú han servido como referentes indispensables y de imperativa observancia en materia de violencia de género.